El nuevo proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, que analiza la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, debe quitar a la comunicación la condición de servicio público y volver a considerarla como un derecho.
El artículo 5 de la Ley de Comunicación mantiene esa condición, pese a que antes se debatió y aprobó el cambio. Un posible error de algún funcionario no incorporó el artículo que había recibido luz verde en el pleno de la Asamblea, y lo peor es que nunca se dijo quién había sido el responsable y si hubo, al menos, un llamado de atención.
La comunicación debe dejar de ser considerada un servicio público equivalente a la salud, la educación, el agua potable o la energía eléctrica. Más bien, se trata de un derecho porque es una acción natural y elemental de las personas.
Por todos es conocido que la Ley de Comunicación, en su contenido original, se convirtió en un elemento de persecución de un gobierno que denostaba contra el oficio periodístico y quienes lo ejercían.
Mantener, entonces, ese artículo, es un rezago de aquello.
Además, existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional en el mismo sentido.
Es de esperar que la Comisión de Derechos Colectivos incorpore la reforma y que esta vez se revise bien el texto para evitar que la omisión se repita.
