Operadoras móviles registrarán usuarios y equipos

Las operadoras de móviles de Ecuador, Otecel, Conecel y Telecsa, tendrán que registrar y hacer un empadronamiento de sus usuarios y de los equipos vendidos como medida de control para que, ante un posible robo, el cliente pueda inutilizar su teléfono, informó hoy el ministro Gustavo Larrea.
El titular del Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa explicó en una rueda de prensa que la propuesta pretende "facilitar a las personas perjudicadas con el robo de su celular la posibilidad", inmediatamente después de la sustracción, de que "el uso de su teléfono sea inmovilizado".

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La propuesta, presentada en conjunto por este ministerio, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, (Conatel) y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel), establece un plazo de 90 días desde la aprobación de la propuesta para que las operadoras nacionales realicen el control.



Según Larrea, el registro incluirá como datos obligatorios el número de documento de identificación del comprador, su dirección domiciliaria, el número de serie y modelo del equipo y el código único del teléfono a nivel mundial.



El ministro explicó que "medidas similares han sido adoptadas en otros países como Colombia o México" y que la acción conjunta con otros países latinoamericanos "coordinará a los Estados y a las policías para que estos aparatos (robados) no sirvan en otros países".



Larrea indicó que en Ecuador existen más de 13 millones de teléfonos móviles en funcionamiento y que "hoy por hoy" son los artículos más robados.



Asimismo, las operadoras tendrán que llevar también un registro de los equipos robados que deberán actualizar "cada día", añadió el ministro.



Jaime Guerrero, presidente del Conatel, declaró que el consejo apoyará "inmediatamente" esta iniciativa y que ya tiene listo el proyecto para presentarlo a las operadoras.



Por su parte, Fabián Jaramillo, superintendente de Telecomunicaciones, afirmó que el propósito de la iniciativa es "coordinar acciones" entre todos los actores implicados, para conseguir un control "más efectivo".



Según Jaramillo, será la Superintendencia de Telecomunicaciones la encargada de vigilar e inspeccionar la base de datos que las operadoras elaborarán sobre los teléfonos móviles robados.



El proyecto se inserta dentro del grupo de iniciativas que conforman el Plan de Seguridad que incluye reformas al Código de Procesamiento Penal y dotación de medios a los Cuerpos de Seguridad entre otras medidas, para luchar contra la delincuencia.