Las explicaciones oficiales se basan en la necesidad de conocer cuánto los educadores saben sobre su función, la manera de administrarla y, por supuesto, el dominio de las asignaturas que cada uno de ellos dicta. La UNE se opone a ello argumentando que lo que el gobierno persigue es dejar en la desocupación a los maestros que no aprueben el examen, aumentando la crisis con el desempleo y la inestabilidad social en el país, por lo que se manifiestan contrarios a la aplicación del decreto y piden su derogatoria. Esta posición encontrada se debería a la ausencia de una mejor comunicación entre las partes, pues mientras el gobierno manifiesta que la evaluación será para programar la actualización de conocimientos de los profesores, éstos se quejan de que los cuestionarios presentados son muy técnicos y complicados que confunden incluso a los de estudios más avanzados, temiendo el fracaso y su posterior despido. Ante tales posiciones, creemos que el Ministerio debe difundir más y mejor las intenciones de la medida oficial, especialmente para despejar el temor principal de los profesores que es el ser cancelado de no obtener buenas calificaciones. Estimamos que como la educación pública es una de las responsabilidades principales del Gobierno, indudablemente es a éste al que le corresponde programar una permanente actualización de conocimientos del magisterio nacional, con la evaluación sistemática para la eficiencia en la enseñanza aprendizaje. Por lo tanto, la obligación mutua de actualizarse y evaluarse está presente y sin discusión alguna; la discrepancia está en las intenciones y la forma de hacerlo, dudas que deben aclararse a través del diálogo.