Los comisionados se pronunciaron en sentido contrapuestos, sobre esta Ley que ha generado malestar ante una posible violación a la autonomía universitaria. Aminta Buenaño, de Patria Altiva i Soberana (AP), y Jorge Escala, del Movimiento Popular Democrático (MPD) marcaron distancias sobre las supuestas corrientes “politiqueras” que han manejados las universidades del país. Buenaño expresó que desde la perspectiva de AP se pretende una Ley de Educación Superior suficientemente debatida y consensuada para todos. “Ecuatorianos y ecuatorianas queremos cambios y una verdadera transformación educativa”, señaló al recordar que esta transformación viene por la educación. La asambleísta aseguró que el compromiso de este sector político es profundizar por la excelencia y la rigurosidad académica y científica, pero que sobre todo que este alejada de los grupos corporativos que han maniatado la educación. La asambleísta mencionó entre esos grupos a "chinos, cabezones, atalas y albaneses". En este sentido, dijo, que la educación no debe estar cobijada de banderas políticas, sino estar centrada en aspectos académicos y científicos. Esta visión fue en cierta forma cuestionada por el emepedista, Jorge Escala, quien alertó que “es imposible hablar de calidad y excelencia en la educación superior, cuando el actual gobierno debe 80 millones a la universidad estatal”. En estas circunstancias, añadió, el Movimiento Popular Democrático (MPD) planteará sanción y destitución para las autoridades que estén reteniendo las transferencias económicas a las universidades. Según Escala, tampoco puede haber calidad educativa, cuando apenas se invierte el 0,017% del presupuesto universitario en la investigación” subrayó y destacó que ese proceso tampoco puede llegar, sin un adecuado mecanismo de rendición de cuentas en las universidades. Para Escala la calidad de la educación tiene que estar vinculada al desarrollo productivo. No obstante coincidió en la búsqueda de la “excelencia” educativa y aclaró que el mayor debate radica en cómo lograr esa excelencia. Escala criticó que un dirigente universitario esté dirigiendo uno de los famosos Comités de Defensa de la Revolución (CDR). “La lucha de los estudiantes no puede ser involucrada, quienes cambiaron el sentido de la lucha social”, subrayó. Estimó que si la Ley se aprueba en los términos que está planteada por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), es una violación constitucional y para quienes voten a favor debería aplicarse la revocatoria del mandato, comentó. OFRECEN AMPLIA DIFUSIÓN El presidente de la Comisión, Raúl Abad, anunció que se visitará las diferentes provincias del país para buscar los consensos necesarios. “No vamos a violar la Constitución”, aseguró y señaló que sobre los puntos neurálgicos alrededor de los cuales existe controversia, entre las partes involucradas se buscarán coincidencias. El objetivo es que esta normativa sea de provecho para todas las universidades ecuatorianas, aseguró. Dijo que desde ya los asambleístas han recorrido Guayas, El Oro y Santa Elena e indicó que la Comisión de Educación se dividirá en subcomisiones que cubrirán todo el país. “Aspiramos tener hasta fin de mes tener el borrador para el primer debate”, agregó. Por último invitó a la sociedad civil en general para que emita sus comentarios alrededor la propuesta que será colgada en el portal web de la Asamblea Nacional.