El Gobierno y la Asamblea quieren tapar las fisuras de la política migratoria de puertas abiertas que tiene dos años de vigencia. 
Desde junio del 2008, el presidente Rafael Correa decidió que los extranjeros pueden ingresar y permanecer durante seis meses en el país sin portar una  visa.  
Esta decisión forma parte del concepto de “ciudadanía universal”, que lo defiende el Régimen y que fue anexado  en la Constitución. Esa norma dice  que la “libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente norte-sur”.
En los dos últimos años llegaron más de dos millones de extranjeros. No obstante, esa apertura muestra puntos débiles. Uno fue las bodas por conveniencia, para obtener la nacionalidad ecuatoriana. El Gobierno está consciente de este problema y pretende modificarlo. 
Según los archivos del Registro Civil, en el 2008 se realizaron 1 542 bodas entre extranjeros y ecuatorianos. Un año después la cifra llegó a 3 309 matrimonios. 
Y dentro de ese universo se detectó un incremento inusual de las nupcias entre cubanos y ecuatorianos. En el 2008 hubo  456 nupcias y al siguiente se dispararon a 1 710. Este incremento no tiene una respuesta y preocupa a las autoridades de Migración.
Por eso, el Consejo Consultivo de Política Migratoria (conformado por delegados, el Ministerio de Gobierno, de Cancillería y Policía) resolvieron  incluir como requisito obligatorio una visa de no inmigrante para contraer nupcias.
La resolución  establece que “en caso de que los extranjeros, que están en calidad de transeúntes en Ecuador y tengan la intención de contraer matrimonio o registrar la unión de hecho en el país, con un ecuatoriano, previamente deberán tener esa visa”.
Este documento tiene un valor de USD 230 y para  conseguirlo  se deben presentar documentos personales, certificados de los motivos de estadía en el país.
Hernán Holguín, subsecretario de Ciudadanía, Solidaridad y Participación de la Secretaría Nacional del Migrante, aseguró que la inclusión de este requisito es una alternativa  para frenar el “abuso de una institución sagrada como  el matrimonio”.
Para Fernando  Bustamante, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea y miembro de la Alianza País, a pesar de los problemas que se presentan, la política migratoria del Ecuador es un ejemplo para el resto de países.
Pero, la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea prepara una ley para regularla. La intención es establecer los alcances y límites que tendría el libre tránsito de las personas.
Incluso, establecer sanciones para quienes abusen de las garantías constitucionales del país. “Vamos a recibir las opiniones de toda la ciudadanía, para saber  qué opinan. Aspiramos que en los próximos meses se presente el proyecto”, dijo Bustamante.
Sin embargo, afirma que la decisión de avanzar hacia la ciudadanía universal se mantiene firme. La semana pasada se dio un paso importante, la  Comisión legislativa eliminó el artículo 38 de la Ley de Migración, que establece multas de USD 200 a 2 000 para los extranjeros que se hayan quedado ilegalmente en el país.
En esa reforma nació como un  benefició a los haitianos, víctimas del terremoto de enero pasado. No obstante, Fernando Aguirre, asambleísta de Sociedad Patriótica, cree que la reforma  permitirá que los extranjeros violen la Ley.
A su criterio, la política migratoria ecuatoriana debe cambiar porque ha afectado a las inversiones, aumentó el desempleo y no tiene una respuesta recíproca en el mundo; porque a los  ecuatorianos se les exige la visa.
Para Holguín, la reciprocidad no es un factor determinante para la libre movilidad. “El que otros países no hagan algo a favor nuestro no significa que nosotros vamos a cambiar. Nosotros pedimos buen trato para nuestros compatriotas en Europa y EE.UU., pero nosotros también tenemos que acoger a quienes vienen a Ecuador en busca de un futuro mejor”.
“Ciudadanía latinoamericana”
Una de las aspiraciones de la política de libre movilidad es la consecución de una ciudadanía latinoamericana. Es decir, la apertura de fronteras para que los ciudadanos puedan viajar entre todos los países del continente. La intención es instaurar algo similar a lo que tiene la Unión Europea, que con la Visa Schenguen pueden recorrer la comunidad.
Este tema ya fue discutido en el Primer Foro Andino de Migraciones, que se realizó en Quito en septiembre pasado.
En ese encuentro se llegó a la conclusión de que se debe aplicar la libre movilidad, especialmente, en el continente y en la región. Este concepto se respalda en  los siguientes derechos humanos: “a no tener que migrar por razones económicas no resueltas en su propio país; a la libertad de migrar en busca de un trabajo para sustentar a su familia”.
Además, se incluyen medidas para que la migración no sea un delito y enfrentar las políticas restrictivas de los países de acogida ante la xenofobia, la discriminación y los abusos de autoridad.