El control social no puede ser una farsa

Sobre el denominado Quinto Poder existe una sombra de dudas producto de las críticas formuladas en los medios de comunicación y desde la oposición que ha cuestionado a los integrantes de la instancia por su cercanía con el Ejecutivo y el Movimiento Popular Democrático, pero sobre todo, por supuestas irregularidades en su estructuración.

Pero más allá de las observaciones, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, está posesionado; y ahora, hay que exigir que no incumpla sus objetivos constitucionales, que honren la participación ciudadana y la razón  de su existencia que es estructurar organismos independientes del poder político, de los grupos de poder y los intereses económicos. Esto es fundamental para construir democracia e igualdad social, para no permitir la concentración de poderes y crear estructuras de persecusión.

Como parte de la Función de Transparencia y Control Social debe impulsar la vigilancia de las entidades y organismos del sector público, pero, además,  tiene que fomentar la participación

ciudadana y combatir la corrupción.

Si bien su obligación más publicitada es designar al Procurador General del Estado, las superintendencias de bancos, compañías y telecomunicaciones; Defensor del Pueblo,

Fiscal General del Estado,  Contralor General, así como a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, no es menos cierto que su papel permanente y también de largo plazo; es combatir la corrupción.

Si estas designaciones se hacen bajo la mesa, con amarres, presiones y calculos de poder, o bajo los intereses e influencia del gobierno o cualquier otro sector, su trabajo será un fracaso.

Es necesario entonces que exista transparencia en sus acciones, pero también rendición de cuentas.