La crisis, unida al hundimiento del sector inmobiliario, se ha traducido en España en una gran destrucción de puestos de trabajo que ha elevado la cifra de desempleados a 4,6 millones, lo que supone más del 20 por ciento de la población activa del país.

La población inmigrante, que registró un gran incremento en la última década, sufre directamente los efectos de la crisis por la destrucción de empleo en los sectores en los que muchos de ellos trabajaban (construcción y servicios) y por carecer de la red de apoyo familiar que tienen los españoles.

Muchos ecuatorianos se acercan cada día a la asociación Rumiñahui en busca de información para salir del país, declaró a EFE su portavoz, Raúl Jiménez.

Junto a los argentinos y bolivianos, los ciudadanos ecuatorianos encabezan las nacionalidades que a lo largo del presente año han optado por marcharse de España

En los últimos meses ha habido un “importante aumento de personas que tienen idea de regresar porque viven una situación de extrema vulnerabilidad- sin trabajo, sin prestación por desempleo, sin ingresos, están casi en la calle”, afirmó Jiménez.

Buscan cualquier fórmula para regresar, aunque a veces “les frena el que ya no pueden volver a España en unos años” si se acogen al plan de ayuda del Gobierno.

Este plan, financiado por el ministerio de Trabajo e Inmigración, implica que el ciudadano extranjero que se acoge al mismo firma la declaración de voluntariedad de la decisión de retorno, aceptando el compromiso de no volver a España en 3 años, plazo necesario para tener constancia de que la reintegración en su país no ha funcionado.

Desafortunadamente, explicó el portavoz de Rumiñahui, su asociación no puede atender las alrededor de sesenta peticiones que reciben al mes por falta de presupuesto, pero las derivan a la decena de organizaciones que colaboran con el Gobierno español en la aplicación del programa.

Una situación parecida se vive en la asociación colombiana América-España, Solidaridad y Cooperación (AESCO), a donde se acerca “muchísima gente” en busca de ayuda, según explicó a Efe una de sus portavoces.

Hay colombianos con sus documentos en regla, pero que viven una situación de grave dificultad económica porque han perdido su trabajo, o bien ciudadanos en situación administrativa irregular que tampoco tienen un empleo.

Los argentinos, bolivianos, ecuatorianos y uruguayos, por este orden, son los que más han optado por marcharse a sus países de origen, de un total de 1.150 beneficiarios del plan entre el pasado mes de enero y el 3 de mayo.