“Esta decisión la tomó el gobierno nacional para que la Fuerzas Armadas continúen precautelando instalaciones importantes y brindado servicio a instituciones como la Asamblea Nacional”, se informó.
Carvajal, agregó, que la medida no supone ninguna restricción de derechos, aunque el estado de excepción puede suspender o limitar  la inviolabilidad de domicilio y disponer el empleo de la fuerza pública o incluso la censura de medios de comunicación.
Esta figura Constitucional se usa actualmente por considerar que la insubordinación policial del pasado 30 de septiembre justifica tomar medidas adicionales de seguridad.
Los detractores del gobierno consideran que este tipo de decretos no tienen sustento si no se aclara cuáles derechos son regulados y el tiempo por el que se emite.