Una de las denuncias, formulada por el asambleísta Galo Lara, de Sociedad Patriótica, involucra a los jueces de la Corte Constitucional (CC). Según esta versión, los magistrados habrían emitido un fallo favorable para Cervecería Nacional a cambio de una fuerte suma de dinero.
Esto tiene su origen en la demanda que la productora de cervezas afrontaba por parte de ex trabajadores que exigían el pago de 90 millones de dólares por utilidades no percibidas.
Lara dijo los jueces y Alfredo Larrea, hermano del secretario de la CC, habrían recibido 1'050.000 dólares por dejar sin efecto las causas que motivaron el reclamo de los trabajadores.
Lara dijo que la Corte Constitucional es “una tienda de fallos y resoluciones”.
Sin embargo, el legislador no acusa de corrupción a Nina Pacari porque considera que su accionar es transparente.
La Cervecería Nacional emitió un comunicado en el que afirma que el pago se hizo por servicios de asesoría que Larrea brindó a la empresa durante el proceso vinculado con el reclamo laboral.
El presidente del organismo constitucional, Patricio Pazmiño, pidió a la Fiscalía que investigue la denuncia de cohecho quehizo el asambleísta Lara y se establezcan las responsabilidad de esta denuncia. El mismo pedido hicieron los jueces Édgar Zárate, Patricio Herrera, Hernando Morales, Nina Pacari, Ruth Pinoargote y Roberto Bhrunis.
La Fiscalía afirmó en un comunciado que la indagación inició "de oficio".
El contralor General del Estado, Carlos Pólit, ha dispuesto que se realice un "examen especial a las declaraciones juradas de bienes" y a los movimientos bancarios tanto de los magistrados, incluido el presidente de la Corte, como del resto de funcionarios, como asesores, abogados y procuradores.
La Contraloría inició también la investigación a la Corte, que abarcará a todas las personas que han trabajado allí en los últimos cuatro años.
Pazmiño afirmó que si la acusación no tiene fundamentos, demandará a Lara.
Entre tanto, no abrirán ningún tipo de expediente contra Arturo Larrea, secretario de la corte.

 Judicatura. La otra denuncia tiene que ver con un supuesto incumplimiento de funciones por parte del Consejo de la Judicatura.
El asambleísta oficialista Mauro Andino presentó ayer ante el presidente de la Asamblea el pedido de jucio político contra los nueve vocales de ese ente judicial.
La demanda fue formulada contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos, y los vocales  Hernán Jaramillo Ordóñez, Ulpiano Salazar Ochoa, Homero Tinoco Matamoros, Jorge Vaca Peralta, Oswaldo Domínguez Recalde, Oscar León Guerrón, Luis Germán Vásquez Galarza y Marco Tulio Cordero Zamora.
Andino pidió al Consejo de Administración Legislativa que califique el pedido para que la Asamblea censure y destituya a los jueces.
El legislador señaló que el consejo se encuentra en acefalía porque Cevallos delegó sus funciones a su asesor y a su secretaria.
Además, según la denuncia, existen casos de conflicto de intereses, como por ejemplo  el vocal Luis Germán Vásquez Galarza es el Procurador Judicial del Banco de Pichincha, a más de que es prestamista de dinero.
 

El rápido ascenso de Irina Cabezas

Una investigación publicada por diario El Universo cuenta el rápido avance político de la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Irina Cabezas, a la para que el crecimiento de su patrimonio.
"En cuanto años de Revolución Ciudadana, Cabezas pasó de jefa política de Ambato a primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y de arrendar un departamento de 100 m2 en esa ciudad a comprar una casa valorada en 195 mil dólares", señala la publicación.
Muestra, por ejemplo, que en noviembre del 2007 el patrimonio de Cabezas era de 42.470 dólares; luego, el 14 de noviembre del 2008 era de 49.000 dólares, y 8 meses después, en julio del 2009, había subido a 90.500 dólares.
El conviviente de Cabezas, Santiago Delgado, también vio crecer su patrimoni de 44.500 dólares en octubre del 2007 a 106.370 dólares en agosto del 2009.
La investigación también revela que los ingresos de Cabezas no habrían alcanzado el incremento de 49.000 a 90.500 dólares, aun sin gastar nada.
Además, se revela que los familiares de Irina Cabezas ingresaron a la función pública tras su incursión en Alianza Pais.
Señala, por ejemplo, que Orfa Cabezas, hermana de la asambleísta, pasó de ser funcionaria de la Subsecretaría de Concesiones del MTOP, a directora de planificación de esa cartera de Estado. Raúl Cabezas fu contratado por la Contraloría como asistente especialista de la DirecciónRegional 3.