"Dicen que son doscientas en el país, es posible, si nosotros clausuramos casi 30, sería muy importante que denunciaran (los afectados) para que se clausuren a todas", dijo en una entrevista el ministro de Salud Pública encargado, Nicolás Jara.

Karen Barba, representante de la fundación Causana, explicó que estas clínicas se esconden detrás de centros de rehabilitación de personas adictas a las drogas, que aparentemente son legales, pero que se convierten en inconstitucionales cuando dan tratamientos a homosexuales, ya que la Carta Magna del país, aprobada en el 2008, es la primera que reconoce los derechos de estas personas.

Paola Ziritt, de 28 años, estuvo dos años ingresada en uno de estos centros, donde "fue perdiendo las fuerzas para vivir", tras sufrir diferentes abusos, incluso sexuales, insultos y torturas, como estar esposada, días sin comer, palizas. <