Habitantes de diversas localidades del Maule y Biobío, las regiones más devastadas por el terremoto y posterior tsunami que arrasó sus costas se reunieron para recordar a las víctimas y expresar su malestar por la lenta reconstrucción de viviendas.
La catástrofe del 27 de febrero de 2010 dejó 525 muertos y 25 desaparecidos, 800.000 damnificados y daños materiales cuantificados en 30.000 millones de dólares.
En Constitución, a 370 kilómetros al suroeste de Santiago, en la región del Maule, numerosos habitantes se reunieron para recordar a las 102 personas que murieron y a las 10 que aún continúan desaparecidas.
Allí se instaló un sendero de velas y se nombró una a una las víctimas de aquella fatídica madrugada.
El alcalde de Constitución, Hugo Tillería, criticó la lenta reconstrucción de viviendas y sostuvo que "las personas ya están absolutamente cansadas".
En Dichato, en la región del Biobío, que fue arrasada por el tsunami, se conmemoró la tragedia con tristeza por la gran cantidad de personas que permanecen aún en viviendas de emergencia, dijeron a Efe dirigentes del campamento El Molino, la mayor aldea de damnificados del país con más de 2.000 personas.
En Concepción, a 515 kilómetros al sur de Santiago, los vecinos del edificio Alto Río, que se desplomó como un castillo de naipes y cuya imagen se transformó en símbolo de la catástrofe, escucharon la narración de diversos testimonios y lanzaron globos blancos en recuerdo de los fallecidos.
En la capital, el presidente Sebastián Piñera recordó a las víctimas durante la entrega de un colegio que fue reconstruido tras el terremoto.
En su discurso, Piñera afirmó que los fallecidos esa madrugada son "la pérdida más dolorosa" que dejó el terremoto y la gran motivación del Gobierno para "reconstruir el país".
El debate en torno al avance de estos trabajos ha tensado el ambiente político durante los últimos días.

En un informe publicado recientemente, el Gobierno sostuvo que los trabajos muestran un progreso del 68 % a nivel global, aunque en materia de vivienda el nivel de cumplimiento es de un 47 %.
Estos datos fueron refutados por la oposición, alcaldes y pobladores de las zonas afectadas.