En el último enlace sabatino, Rafael Correa, al reconocer la resistencia de algunas uniformado, dijo que la disposición no es un pedido sino una orden que realiza como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, informó diario El Universo. 

“Hay resistencia; hay ciertos estamentos que no quieren hacerlo porque esa no es su misión (...), no es cuestión de equipos, etcétera, es cuestión de que hay cierta resistencia en determinados estamentos. Se ha dado la orden de que tienen que intensificar su involucramiento en cuestiones de seguridad ciudadana”, sentenció.

La asistencia militar para neutralizar el crimen organizado no es una decisión nueva del régimen. La primera participación se registró en octubre del 2010 cuando el Gobierno decretó el estado de excepción en Quito, Guayaquil y Manta, y acudió a los soldados para frenar el incremento delincuencial en estas ciudades. 

En el 2011, las Fuerzas Armadas realizaron varios operativos para la seguridad interna con 1.871 hombres, especialmente para control de armas, que centralizaron sus actividades en Quito y Guayaquil, con el decomiso de 6.191 armas ilegales. 

El lunes, las Fuerzas Armadas se reunió con el ministro de Defensa, Miguel Carvajal, donde Leonardo Barreiro, jefe del Comando Conjunto, señaló que confía en su experiencia “para ejecutar una gestión acorde con los más altos objetivos institucionales y la misión constitucional de las Fuerzas Armadas”. 

En tanto que Carvajal hizo hincapié en el apoyo que las Fuerzas Armadas deben dar al Estado en las operaciones de control de armas, patrullaje antidelincuencial, narcotráfico, piratería, tráfico de combustible, minería ilegal, entre otros delitos. “Estas son actividades que deben cumplir todas las instituciones del Estado en contribución a la seguridad ciudadana y que no afectan la misión fundamental de las Fuerzas Armadas de protección de la soberanía y la integridad territorial”, expresó Carvajal.