Allí, el fiscal de delitos acuáticos (que estaba de turno en las fiscalía de San Vicente) Miguel Roldán, expuso a la jueza temporal Vilma Díaz, lo sucedido en la aprehensión de los ciudadanos detenidos el miércoles alrededor de las 7:00 en el sitio Salto de Bigua.

El Jefe del Operativo, detalló que luego de contar con la orden de allanamiento ingresaron al lugar, donde se halló una vivienda de caña, en el que se encontraban los 3 detenidos con varios  menores de edad, y en la exploración del lugar, en una pendiente alejada unos 200 metros, se encontraron con una cabaña tipo laboratorio pequeño, donde existía una gran cantidad de accesorios y productos manuales para la elaboración de sustancias psicotrópicas.

Edison Velásquez, propietario de la hacienda, reconoció que el 25 de abril, unos sujetos llegaron hasta su finca para comprar varios litros de leche, al mismo tiempo que se identificaron como ciudadanos colombianos, ofreciéndole 10.000 por el alquiler de una parte de la hacienda, que sería utilizada para la fabricación de “productos” que dejarían mucho dinero.

El agricultor, mencionó que después de una semana, estos sujetos regresaron para asegurar el trato verbal, explicándole que se levantaría un laboratorio de droga. Velásquez aduce haber aceptado, ya que era una buena suma de dinero. Mencionó que después de ello, los vehículos con productos e implementos, comenzaron a llegar cada 8 días a su finca realizándose 4 o 5 viajes por día, trabajo que solamente lo hacían por la noche, para evitar ser vistos.

Su conviviente, María Angulo, repitió la versión de su esposo, alegando que ellos nunca supieron los nombres de los sujetos, a quienes solamente le llamaban “El Señor” y ellos les respondían con “Patroncita” o “Patroncito”, dejándoles en su poder un equipo de radio que casi no sabían utilizar, pero que servía para mantenerlos informados (a los presuntos narcos) sobre alguna novedad en las afueras de la hacienda, dijo.

Ambos, coincidieron en que su yerno (Verdy Rodolfo Cevallos Mendoza), no tenía conocimiento de su convenio, y que él llegó a la casa a visitar a sus hijos, ya que vino desde Chone por las fiestas de San Isidro, versión que fue corroborada por Cevallos.

Luego de las versiones, el fiscal y la jueza así como el Defensor Público Miller Cedeño, quien actuó como defensor de los detenidos, realizaron la revisión de las evidencias presentadas por la Policía (equipos de radio, 2 escopetas, 2 revólveres, 3 cédulas de identidad de sujetos colombianos) y el conteo de los 189 ladrillos (paquetes), almacenados en 6 sacos de yute y una funda de plástico, que suman un total de 304 kilos con 303 gramos (304.403), las que se encontraban en un camión custodiado por la Policía en los bajos de la Casa Judicial.

Finalmente, el fiscal Roldán, solicitó el pedido de orden de prisión por la calificación de la flagrancia, la misma que fue aceptada por la Jueza Vilma Díaz, quien lo declaró como un delito flagrante.

La jueza pidió la detención de los imputados para que sean trasladados hasta el Centro de Rehabilitación de Bahía de Caráquez, y a María Angulo hasta el Centro Tomás Larrea de Portoviejo, mientras se realiza el proceso de indagación previa que dura 30 días.

El Defensor Público, pidió que no se imputara con la misma medida a Cevallos, por las versiones presentadas por los imputados.