En la comunicación, que lleva el membrete oficial del estado de Texas, el Fiscal Greg Abbott hace referencia a una restricción que haría muy difícil la supervisión de las elecciones: "Puede ser un delito penal para los representantes de la OSCE mantener una presencia dentro de 100 pies de la entrada de un lugar de votación". 

Además, el fiscal de Texas advierte a los observadores internacionales, que de "no cumplir con estos requisitos puede someter a los representantes de la OSCE a enjuiciamiento penal por violar la ley del Estado"

La OSCE planea monitorear posibles controversias que pudieran surgir en el proceso de votación, en respuesta a las peticiones hechas por varias organizaciones estadounidenses, incluyendo la NAACP y la ACLU, que temen un esfuerzo concertado de grupos de derecha, como el Tea Party, que planea intimidar a los votantes de minorías para suprimir los votos de los partidarios del Presidente Barack Obama.

Ante la amenaza de Abbott, el director de la oficina de la OSCE para las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH), el embajador Janez Lenarčič, envió una formal protesta a la Secretaria de Estado Hillary Clinton, en la que le recordó que el estado de Texasdebe cumplir con el acuerdo que existe entre las autoridades del país y su organismo. “Los Estados Unidos, como todos los países de la OSCE, tiene la obligación de invitar a los observadores de la OIDDH, a observar sus elecciones".