Manabí

CORRUPCIÓN

CCCC halla indicios de peculado en firma de contrato con empresas

Un informe de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) denuncia que se hallaron indicios de peculado en la adjudicación y firma de contratos con las empresas Evisa y Altaten.

Comenta

Además

En esta sección:

Jueves, 22 Febrero 2007 21:53

Eldiario.com.ec
En el documento se señala que se abusó de fondos públicos y se contravino el reglamento de adquisición de bienes y contratación de servicios para las empresas eléctricas.
Se agrega que los contratos se firmaron con base a una declaratoria de emergencia “infundada y sin documentos probatorios”. Además, la entidad no tenía el suficiente presupuesto para la contratación y contó con los depósitos en garantía dentro de ese presupuesto.
Otra irregularidad, detalla la denuncia, es que se omitió la obligatoriedad de contar con el informe favorable de la Procuraduría General del Estado, lo que anula los contratos.

Inculpados
El 8 de diciembre del 2003, el directorio de Emelmanabí adjudicó a la empresa Evisa el concurso para la adquisición de cables, conectores y banco de constatación de medidores, y a la empreas Altaten S.A. la provisión de medidores electromecánicos y cajas antihurtos metálicas.
Según informaciones publicadas en esa fecha, con esto se buscaba disminuir las llamadas pérdidas negras (robo de energía), que en Emelmanabí representan el 40 por ciento de la electricidad que distribuye.
En ese tiempo el directorio estaba integrado por Jaime Miller Zavala, presidente del directorio; Jimmy Pino Santos, presidente ejecutivo; Humberto Guillem y Johnny Quijano, delegados del Consejo Provincial; Néstor Hugo Palma y Eric López, por el Fondo de Solidaridad; Scheznarda Fernández, Jorge Zambrano y Ramón Mieles, por los municipios; y Lincoln Jara, por los trabajadores.

La emergencia
Según los datos entregados, el directorio de la distribuidora de energía basó la declaratoria de emergencia en el Reglamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, aunque la CCCC indica que en este caso no cabía tal aplicación porque los bienes no fueron ofertados por fabricantes exclusivos o de un solo proveedor en el país.
El informe de la investigación será enviado al ministro fiscal de Manabí, Víctor Hugo Briones, y a la Contraloría para que determine las responsabilidades. También se lo remitirá a la Contraloría General del Estado y al Fondo de Solidaridad.