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REFUGIO

Crisis cruza frontera con pedido de asilo político en Colombia

El conflicto político que vive Ecuador cruzó las fronteras con el anuncio de que seis diputados, destituidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y restituidos por el Tribunal Constitucional (TC), pidieron asilo político en Colombia, y que trece más llegaron a ese país.

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De izquierda a derecha Mauricio Ponce, Alfonso Harb, Sylka Sánchez, Alfredo Serrano, Gloria Gallardo y Luis Fernando Torres, caminaban ayer por la Plaza de Bolívar de Bogotá

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Jueves, 26 Abril 2007 21:48

Eldiario.com.ec Mientras, el secretario de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), con sede en Quito, Juan de Dios Parra, envió cartas a los cancilleres de Colombia, Fernando Araujo, y de Perú, José Antonio García, así como a la secretaria de Estado de EEUU, Condolezza Rice, en las que advierte del intento de algunos legisladores de obtener asilo político en esas naciones.
Por su parte, la secretaria de Comunicación de la Presidencia, Mónica Chuji, declaró que el Ejecutivo no intervendrá en la solicitud de asilo a Colombia.
“Aquí nadie les está persiguiendo y ellos son libres de pedir asilo político en cualquier país”, señaló Chuji; además, que el Gobierno está fuera de la pugna existente.

Asilo político
El vicepresidente del Parlamento Latinoame-ricano, el colombiano Roy Barreras, confirmó en Bogotá que el pedido de asilo de Sylka Sánchez, Gloria Gallardo, Luis Torres, Alfonso Harb, Alfredo Serrano y Mauricio Ponce, fue formalizado ante el viceministro de Relaciones Exteriores, Camilo Reyes, quien les anunció que en dos días tendrán una respuesta.
Mientras tanto, “tendrán todas las garantías para permanecer en el territorio (colombiano), protegidos”, agregó Barreras.
Al respecto, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, asumió con cautela el caso, que, según dijo en Cali, lo verá “delicadamente” la Cancillería.
“Éste es un Estado de Leyes”, apuntó el gobernante, y defendió que “el presidente de Colombia tiene que ser un respetuoso de la normatividad. En su sabiduría, con toda la prudencia, se definirán las cosas de acuerdo con las normas jurídicas”, sentenció.

Precaución
Los congresistas de la polémica se declararon “perseguidos políticos” del gobierno del presidente Rafael Correa cuando arribaron a Colombia el martes en la noche, para evitar una posible detención tras conocer que la fiscal de delitos misceláneos de Pichincha, Elsa Moreno, pidió a la juez décimo octava de lo Penal de esa provincia, Elsa Sánchez de Melo, que dicte orden de prisión, por sedición y arrogación de funciones, contra 24 diputados destituidos, tras acoger la denuncia presentada por Miguel Castro, legislador suplente que se principalizó y elegido luego Vicepresidente del Congreso.
Correa pidió que, “para tranquilizar a la nación”, se retire la demanda, pero Castro subrayó ayer que será la justicia la que determine si tiene o no razón dentro de la querella presentada.
Sánchez de Melo, por su parte, aclaró que se tomará su tiempo para analizar el pedido de prisión.
Asimismo, Barreras advirtió que la petición de asilo puede alcanzar a otros 13 diputados que ingresaron el martes a Colombia por la frontera sur y que preveían desplazarse ayer hacia Bogotá.

Reacciones en torno a conflicto
El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el manabita Carlos Solórzano Constantine, estuvo ayer en Portoviejo y analizó la situación del país, en donde según reflexionó no se respeta nada en juridicidad. “No puede ser legítimo ni legal, que con el deseo de quedarse en el puesto, la mayoría del Tribunal Constitucional haya resuelto a favor de las personas que les iba a garantizar su permanencia. No se puede resolver los problemas del país así”, dijo a Manavisión. Respecto al presidente Rafael Correa, comentó que está jugando con fuego y de pronto se puede “quemar”.
En otro sector de opinión, al referirse a los diputados cesados, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, cuyo organismo destituyó el 7 de marzo pasado a 57 legisladores, expresó no comprender por qué salieron del país si no hay orden de prisión en su contra.
Dimitri Durán, diputado restituido, anotó que permanecerá en Ecuador para pedir (tal como lo hizo ayer una quincena de colegas) a la jueza que analiza la solicitud de prisión que declare nula la instrucción fiscal, pues considera que gozan de fuero de Corte. Mientras, el diputado manabita Jaime Estrada, de la UDC, mencionó ayer a Manavisión que no descarta renunciar al Congreso, aunque aclaró que no será candidato a asambleísta, pues sus aspiraciones van dirigidas más bien a la Alcaldía de Manta.

Santiago Velázquez acepta su destitución
Mientras continúa en análisis la petición de orden de prisión, el presidente del Tribunal Constitucional, Santiago Velázquez, aceptó su propia destitución, después de que este martes el Congreso cesase a los nueve vocales del organismo.
“Creo que soy ex presidente del Tribunal Constitucional. El Congreso Nacional ha tomado una resolución, habrá que analizar su legalidad o ilegalidad ante los órganos respectivos, pero en la práctica estamos fuera”, dijo Velázquez.
En el Parlamento, en tanto, ayer se comenzaron a mencionar nombres para reemplazar a los vocales del TC. Para el efecto, se solicitó al Ejecutivo y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que remitan las ternas de sus candidatos.
De dichas listas, saldrán cuatro representantes, dos de cada sector, mientras que igual número provendrán del Parlamento.
Otros tres vocales saldrán de las nóminas del gremio de los alcaldes y los prefectos provinciales; de las centrales de trabajadores, organizaciones indígenas y campesinas, y de las cámaras de la Producción.
Sin embargo, los ahora ex vocales del TC presentarán una demanda en contra de los diputados que propiciaron su salida. El ex vocal Tarquino Orellana aseveró que las causas judiciales se presentarán en Ecuador y que de no surtir los efectos deseados acudirán a instancias internacionales.