Ecuatorianos confundidos por una campaña dispersa

A un mes de los comicios para una Asamblea Constituyente en Ecuador los ciudadanos se sienten confundidos por una novedosa campaña electoral, pagada por el Estado, que resulta anodina y dispersa y que hace difícil conocer los candidatos y sus propuestas.

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Con este nuevo sistema, el Estado, a través del Tribunal Supremo Electoral (TSE), desde el 13 de agosto pasado paga en pie de igualdad toda la propaganda de los partidos y movimientos políticos, tanto en radio como en televisión o prensa escrita, con lo que a estas agrupaciones sólo les queda el proselitismo callejero o los mítines.



De este modo, radios y televisiones emiten con insistencia mensajes de 30 segundos de las 26 candidaturas nacionales y 472 provinciales que, con un total de 3.229 candidatos, aspiran a ocupar los 130 escaños que tendrá la Asamblea de Montecristi, que ha de redactar la vigésima Carta Magna ecuatoriana.



Con esa avalancha de candidatos y disparidad de propuestas, los 9,3 millones de ecuatorianos llamados a las urnas el próximo 30 de septiembre se encuentran con un enjambre de caras, siglas y mensajes, casi todos nuevos, entre los que es difícil discernir y evaluar.



Los mensajes de la campaña, además, están referidos la mayoría a cuestiones como el empleo, la sanidad, la educación, la seguridad ciudadana, el aborto o la corrupción, reguladas en la mayor parte de los países por leyes comunes.



Sin embargo, materias netamente constitucionales, como la distribución territorial del país o la organización institucional del Estado, están prácticamente ausentes de los mensajes de campaña, aunque los principales grupos sí las contemplan en sus programas.



En este contexto, muy pocas cuestiones han sido motivo de polémica en la primera quincena de campaña, ya que cada agrupación sigue su camino, a veces coincidente o muchas otras discrepante del resto, pero en cualquier caso con pocas oportunidades de debate.



Sólo el aborto y el matrimonio homosexual han tenido más atención de los comentaristas políticos, en un país de honda raigambre religiosa, donde grupos progresistas tratan de que la próxima Constitución no ponga trabas a su regulación, mientras la Iglesia Católica y los conservadores quieren prohibirlos de forma radical.



Lo que sí ha motivado debate ha sido el planteamiento del presidente del país, Rafael Correa, promotor de la Asamblea, de que la Constituyente, una vez instalada el 31 de octubre, disuelva el Congreso y designe una comisión legislativa de 30 miembros con una representación proporcional a la de asambleístas.



La práctica totalidad de grupos parlamentarios se ha opuesto a esa medida y argumentado que las decisiones de la Asamblea, según su propio estatuto, se deben ratificar en referéndum, que se producirá cuando la Constituyente haya redactado la nueva Carta Magna.



En la calle, de momento, son pocos los grupos que salen con pancartas y banderas a promover sus listas y son los medios de comunicación los que, con entrevistas e informaciones en sus noticieros, sitúan a los candidatos y sus programas.



Quien sí sigue su campaña paralela, supuestamente ajena a la Constituyente, es el Gobierno, que mantiene su propaganda en prensa, radio y televisión sobre las actividades del presidente y sus ministros, pese a la petición del TSE de que las suspenda.



El propio presidente del TSE, Jorge Acosta, ha insistido en que el Gobierno, y también organismos municipales y provinciales, deben suspender esta propaganda, que considera que favorecen a los grupos que sustentan esas instituciones, en especial a Alianza País, el partido de Correa.



Acosta ha acusado a los medios de comunicación de tener una doble moral, pues, al tiempo que critican y denuncian el uso de esta propaganda