El embajador Boliviano en Venezuela, Jorge Alvarado, pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) que se muestre firme ante "las pretensiones separatistas del Departamento de Santa Cruz", para garantizar la integridad de Bolivia y la consolidación democrática y dijo que con toda seguridad detrás de eso está la embajada de los Estados Unidos. El opositor Gobernador de Santa Cruz Rubén Costa, aseguró que la violencia no tendrá lugar mañana y que "no queremos ni dinamita, ni palos ni rencores. El voto democrático es nuestra única arma" dijo al cierre de la campaña ante miles de personas que corearon consignas autonomistas y frases como ¡No tenemos miedo!. El Gobierno de Bolivia considera ilegales las consultas tanto de Santa Cruz como las previstas en los departamentos de Beni, Pando y Tarija, porque se han organizado al margen del Congreso y de la Corte Electoral y porque, en su opinión, rompen la unidad nacional. La oposición, por su parte, no reconoce la nueva Carta Magna que respalda Morales -pendiente de ratificación en referendo- ni el proceso constituyente que se llevó a cabo para elaborarla. A pocas horas de la consulta en Santa Cruz, la preocupación de bolivianos y de entidades internacionales como la OEA, la Unión Europea o países vecinos es que se produzca una confrontación violenta dada la “inflamable” situación del país. Reacción internacional Hace una semana y a instancia del presidente venezolano Hugo Chávez quien dijo que Bolivia está a punto de estallar, los gobernantes de los países del Alba (Alianza Latinoamericna Bolivariana) firmaron en Caracas una declaración de rechazo a lo que consideran planes de desestabilización en contra de Morales. Los gobiernos de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela estiman que la actual crisis debe ser solucionada por los bolivianos mediante un diálogo franco y abierto y sin injerencia extranjera" dice la declaración. La Asamblea Constituyente de Ecuador también aprobó ayer un acuerdo en el que alerta sobre presuntos intentos secesionistas detrás de aquel referendum que considera vulnera la integridad y unidad de Bolivia al generar posibles situaciones de enfrentamientos fraticidas", dice el texto aprobado por 87 asambleístas. Los analistas políticos bolivianos opinan que la tensión y el riesgo de violencia están presentes, pero han disminuido en los últimos días gracias a la “cautela” de los mensajes del Gobierno como de los dirigentes cruceños. Según los analistas, Santa Cruz necesita poder aplicar un estatuto que no está validado por el marco constitucional ni refrendado por el Congreso y el Gobierno precisa sacar adelante su Constitución para dar continuidad al proyecto del Movimiento al Socialismo (MAS, el partido de Morales). En cualquier caso, los expertos creen que el debate de fondo en Bolivia radica en el modelo de Estado. Santa cruz es la región más rica del país Santa Cruz es la región tropical más rica del país, a sólo 400 metros sobre el nivel del mar, lo que contradice el calificativo de andino que se suele aplicar a Bolivia. El departamento abarca una superficie de más 370.000 kilómetros cuadrados, casi equivalente al territorio de Japón y cercana a los poco más de 400.000 de Paraguay, país con el que limita en el sureste. Cuenta con importantes recursos minerales, como el yacimiento de hierro del Mutún, una mina gigante situada cerca de la frontera con Brasil, y algunos centros de explotación de hidrocarburos (produjo más de 2´000.000 de barriles de petróleo en el 2006). No obstante, la principal actividad económica es la agropecuaria (16 por ciento), seguida de la industria manufacturera (13 por ciento). Sus dos millones y medio de habitantes son casi un cuarto de la población boliviana y su Producto Interior Bruto representa una tercera parte del nacional, con una media de 1.300 dólares por habitante en el año 2006. La capital, Santa Cruz de la Sierra, es la ciudad más próspera de Bolivia, lo que en el país con menos recursos de Sudamérica significa que “tan sólo” un tercio de su población vive en la pobreza y no hasta dos tercios, como las cifras oficiales aseguran que ocurre en el resto del Estado. Un tercio de sus habitantes son indígenas, una proporción menor que en el resto del país.