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Justicia pide prisión preventiva ex ministro Economía

Un tribunal de Quito ordenó la prisión preventiva del ex ministro de Economía Mauricio Pinto por un supuesto delito tributario cuando era representante de la empresa de aviación Club Vuelos Privados "Vip", informaron hoy medios locales.
El fiscal Wladimir Jaya pidió la prisión de Pinto por haber tramitado en 1997 el internamiento temporal de dos aviones para uso privado y transferirlos luego a vuelos comerciales de la empresa de aviación que representaba.

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Jueves, 21 Agosto 2008 21:22

Eldiario.com.ec
El juez penal de Quito David Altamirano acogió la petición del fiscal y ordenó la detención del empresario, que fue ministro de Economía durante el Gobierno del conservador Sixto Durán Ballén (1992-1996).

"El señor fiscal pidió la detención y yo he visto que existe, que hay indicios necesarios para ordenar la prisión en contra del señor Pinto", dijo a periodistas Altamirano.

Los dos aviones supuestamente tenían un permiso de la Dirección de Aviación Civil (DAC) para realizar vuelos privados nacionales y eventualmente internacionales; sin embargo, las aeronaves habrían sido utilizadas en viajes comerciales, dijo el fiscal al solicitar la prisión contra Pinto.

"Aquí fue internada una mercadería, fue dada en uso indebido y fue sacada sin control, que es lo que se tipifica como infracción en la ley orgánica de aduanas", agregó el fiscal al canal Ecuavisa.

Los dos aviones estaban sometidos a un proceso de "re-exportación", ordenado por la Corporación Aduanera Ecuatoriana, pero esa acción "no les exime de responsabilidades" a Pinto y otros involucrados en el caso, agregó el fiscal.

Por su parte, Jorge Zavala Egas, abogado del empresario, dijo que la investigación que se abrió contra su defendido fue "ultra secreta", pues no fue notificado y denunció una "persecución política" contra Pinto, aunque no detalló las razones.

Zavala Egas dijo que solicitará que se "revoque la orden de prisión" contra el empresario, un crítico del Gobierno.

Pinto fue denunciado hace algunos meses por el Ministerio de Trabajo por despedir a unas 102 personas de una fábrica textil de su propiedad y no acoger un mandato constitucional que establecía la estabilidad laboral de trabajadores subcontratados.

El empresario criticó el mandato de la Asamblea Constituyente, que eliminó la tercerización o subcontratación laboral, al tiempo que ordenaba a las empresas mantener en sus puestos de trabajo al personal contratado bajo esa modalidad.