Una motobomba de los bomberos de la parroquia San Pablo custodiaba ayer el ingreso a las oficinas del Cuerpo de Bomberos de Portoviejo.
Varios bomberos también estaban allí. Cerca de ellos había un patrullero policial.
Los uniformados tenían la disposición de resguardar el edificio ante las supuestas amenazas realizadas por el titular de la dependencia bomberil, Jorge González, quien vía telefónica habría indicado al jefe encargado, Fernando Brito, de que iba a acudir hasta las oficinas para retomar su cargo "por las buenas o por las malas".
González fue ayer a la sesión de la corporación municipal. Allí denunció que los bomberos de San Pablo estaban para impedir su entrada. El encargado de la jefatura dijo que esa no era la causa para la presencia de los uniformados, sino que él los había citado para entregarles vituallas e informarles sobre la construcción del nuevo cuartel; y que el carro iba a ser sometido a un chequeo eléctrico.
Brito reconoció que la Policía estaba en la parte exterior para impedir que los bomberos que se han dividido en dos bandos (los que apoyan a González y los que están a favor suyo) se enfrenten entre ellos.
Municipalización
González propuso a los concejales que el Municipio de Portoviejo asuma la administración del Cuerpo de Bomberos.
La alcaldesa Patricia Briones dijo que estaban dispuestos a asumir el reto siempre y cuando la competencia venga con recursos.
Ofreció estudiar el tema para noviembre.
Motivos del
problema
Los problemas en el Cuerpo de Bomberos surgieron a raíz de la primera suspensión por 30 días a González por parte del director nacional contra incendios, Geovanni Egas por desacato a una disposición.
Desde ayer rige una nueva suspensión por 30 días más. Esta vez se acusa a González de sobrefacturación, alteración de proformas y falsificación de firmas.
El acusado niega los cargos. Asegura que es un perseguido de las actuales autoridades.
Negaron recurso
A través de un boletín de prensa, Brito indicó que los juzgados segundo y cuarto de lo Civil de Manabí negaron los recursos de amparo presentados por Jorge González y George Farfán, primer jefe y miembro del Consejo de Administración.
Además anunció que presentarán una demanda penal por delito de peculado.