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Ecuador retira concesión minera a empresa canadiense

El Estado ecuatoriano, a través de la Dirección Regional de Minería de Pichincha, decidió retirar una concesión minera en la zona andina del país a la empresa canadiense Ascendant Copper S.A. por "incumplimientos legales", informó hoy el Gobierno. "En un hecho histórico, el Estado ecuatoriano y la Dirección (...) decidieron declarar la extinción de los derechos mineros respecto de las áreas Golden 1 y Golden 2, en la zona de Íntag en la provincia Imbabura", detalló en un comunicado el ministerio de Minas y Petróleos.

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Jueves, 20 Noviembre 2008 10:30

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Noticia Eldiario.com.ec Según la Dirección Regional de Minería de Pichincha, cuya capital es Quito, la empresa canadiense incumplió varios trámites antes de adjudicarse la concesión.

Según la nota del ministerio ecuatoriano, la compañía "no realizó la consulta previa" a los pobladores de las comunidades donde iba a operar.

Además, el "estudio de impacto ambiental que presentó para la adjudicación fue declarado como 'no procesable' en diciembre de 2006".

La resolución que emitió la Dirección Regional se "ampara en el artículo 1 del Mandato Minero" que emitió la desaparecida Asamblea Constituyente el año pasado.

Dicha resolución establece que se tiene que "declarar la extinción sin compensación económica alguna de todas las concesiones mineras que, en la fase de exploración, no hayan realizado ninguna inversión en el desarrollo del proyecto".

También señala que se debe retirar la concesión a aquellas empresas "que no hayan presentado su respectivo estudio de impacto ambiental o que no hayan realizado los procesos de consulta previa, inclusive las que estén pendientes de resolución administrativa".

Las áreas Golden 1 y Golden 2 en las que operaba la canadiense tenían una superficie de 2.461 hectáreas la primera y 2.443 la segunda, añade el informe del ministerio.

El retiro de la concesión a la empresa canadiense se da en momentos en los que la Comisión Legislativa analiza un proyecto de ley de minería enviado por el Ejecutivo y que varias agrupaciones ecológicas y de indígenas critican.

Los grupos ecológicos aseguran que con la nueva ley minera se contaminará el medio ambiente y se privatizará la tierra, mientras que el Estado asevera que la explotación se hará de forma responsable. EFE

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